En cumplimiento con su compromiso en la defensa permanente de los Derechos Humanos y a la adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales, la administración Alvarado Quesada trabajó contra todo tipo de discriminación, ya sea por, edad, color de piel, sexo, creencia religiosa, opinión política, orientación sexual, origen nacional o social, posición económica, discapacidad o lugar de nacimiento.
Las numerosas acciones gubernamentales fueron dirigidas y construidas a lo largo de los últimos cuatro años junto a las mujeres, las poblaciones afro costarricenses, la comunidad LGTBIQ, los pueblos indígenas, así como con personas con discapacidad, migrantes, refugiadas, entre otras, cuyas agendas mantuvieron a lo largo del período un nivel de prioridad máximo siendo comisionadas y atendidas, en articulación con el resto del sistema institucional, desde Casa Presidencial.
De ahí la relevancia de contar con el apoyo estratégico tanto de personas que asumieron como comisionadas para la agenda de la población Afro así como de la agenda LGTBIQ, lo que permitió impulsar transformaciones relevantes orientadas a reconocer las necesidades de las poblaciones.
Orientada por la convicción de que las políticas de representatividad deben ir de la mano de las políticas distributivas, estos principios guiaron tanto la agenda legislativa -con un importante respaldo de los diputados y diputadas- como el quehacer de los ministerios e instituciones en áreas como salud y atención de la pandemia, programas sociales, educación, empleo y política exterior.
Entre las medidas están la implementación del matrimonio igualitario y derechos a parejas del mismo sexo; la institucionalización de la Norma técnica sobre el aborto terapéutico / impune; la introducción de la vacuna contra el papiloma humano en el esquema básico de inmunización; así como la disponibilidad gratuita de la anticoncepción de emergencia en los servicios de salud de la CCSS. Asimismo, se puso a disposición de la población la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la CCSS para la fertilización in vitro para ayudar a las parejas que desean ser padres de familia.
Se promulgó una amplia normativa en atención a las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, así como para la prevención de la violencia contra las mujeres, la protección de la igualdad salarial entre hombres y mujeres y el acceso al financiamiento y capacitación laboral y financiera.
El trabajo se enmarca en lo que establece el artículo primero de la Constitución Política, reformado en agosto de 2015, que indica que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.
Algunas de las principales acciones en el campo de los derechos humanos, que fue un eje transversal en la administración Alvarado Quesada, incluyeron la emisión por parte del Ministerio de Educación Pública del Protocolo de Atención del bullying contra la población LGTBIQ inserta en los centros educativos, el manual de atención del embarazo y maternidad en población de menores de edad en el sistema educativo, el protocolo de atención a la población estudiantil que presenta lesiones autoinfligidas y/o en riesgo por tentativa de suicidio, el protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia y además, se ordenó la revisión y corrección de los reglamentos internos de cada centro educativo, para eliminar toda referencia a “cortes de cabello permitidos”, “estilos de cabello permitidos”, “largo de cabello permitido”, o cualquiera otra forma de sintaxis similar, esto en virtud de calificarse como restricciones al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, el derecho de autodeterminación de la imagen, la identidad de género, la integridad y la intimidad de las personas estudiantes.
En lo que respecta a la agenda LGBTIQ, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica y el número 29 en el mundo en reconocer el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo. El matrimonio igualitario entró en vigor el 26 de mayo del 2020 en cumplimiento de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una sentencia de la Sala Constitucional. Además, otras medidas de gran relevancia incluyeron el nombramiento del Comisionado Presidencial para asuntos de la población LGBTIQ y la promulgación el Decreto Ejecutivo N° 41173-MP, el cual se reconoció la adecuación del nombre, la imagen y la referencia de sexo o género de la persona en todo tipo de documentos, registros y trámites que genere la Administración Pública, según su propia identidad sexual y de género, en cumplimiento de la Opinión Consultiva de la Corte IDH; así como el reconocimiento de la identidad de genéro en el documento de identidad para personas extranjeras (DIMEX). Adicionalmente, se emitió la directriz Nº 028-MIVAH-MP, con el objeto habilitar a las parejas del mismo sexo el acceso, en igualdad de condiciones, a bonos familiares de vivienda y programas de crédito del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica y el número 29 en el mundo en reconocer el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo. El matrimonio igualitario entró en vigor el 26 de mayo del 2020 en cumplimiento de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una sentencia de la Sala Constitucional.
Otras de las medidas en este campo son el nombramiento del Comisionado Presidencial para asuntos de la población LGBTIQ y la promulgación de normativa como el reconocimiento de identidad de género en DIMEX para población trans y de estatus migratorio a parejas binacionales, así como la posibilidad de acceder a bonos de vivienda a parejas del mismo sexo.
El trabajo conjunto del INAMU y diversos organismos estatales priorizó acciones y leyes que buscan condiciones de igualdad para las mujeres en salud, derechos laborales y salariales y derechos políticos.
En derechos reproductivos de las mujeres, se institucionalizó mediante decreto ejecutivo promulgado en diciembre 2019 la Norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo, según lo establecido en el artículo 121 del Código Penal y en cumplimiento de la resolución del 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, en junio de 2019 inició la vacunación obligatoria contra el virus del papiloma humano (VPH) como parte del esquema básico de inmunización que se aplica a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una acción de salud pública que reducirá el impacto del cáncer de cérvix en el país.
En mayo de 2021, la CCSS amplió la anticoncepción de emergencia para cualquier mujer. Anteriormente, este tipo de anticoncepción estaba disponible en los servicios de salud solamente para las mujeres víctimas de agresión sexual.
Paralelamente, la Asamblea Legislativa aprobó importantes leyes en favor de los derechos de la mujer y contra la violencia y el hostigamiento sexual, como la Ley contra el Acoso Sexual Callejero y la Ley para establecer el Femicidio Ampliado, y se declararon esenciales los servicios de atención de la violencia contra las mujeres.
Las transformaciones van más allá e inciden directamente en las condiciones materiales de la vida de las mujeres en general y las trabajadoras en particular. De manera especial, la administración Alvarado Quesada reforzó la autonomía económica de las mujeres con programas para la empleabilidad, colocación de fondos semilla y formación integral, así como la normativa para la protección de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Durante esta administración se han llevado a cabo distintas acciones dirigidas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como el trabajo efectuado por todas las instituciones y organizaciones que conforman el Consejo Nacional de Niñez, el cual permitió implementar más de 150 acciones para prevenir y atender la pandemia, entre ellas la vacunación contra el COVID para esta población.
El PANI abrió por primera vez el servicio de atención de emergencia todos los días a todas horas con la apertura de las Unidades de Respuesta de Atención Inmediata URAIS, que brinda servicio en todo el territorio nacional, e invirtió en recurso humano para poder brindar el servicio esencial conferido por mandato constitucional.
En el plano normativo, la Asamblea Legislativa aprobó varios proyectos de Ley dirigidos a la Niñez y La Adolescencia y el fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y del Patronato Nacional de la Infancia como ente rector en Niñez y Adolescencia. Actualmente se cuenta con el Estado de los Derechos de la Niñez, la Medición de la Inversión en Niñez y Adolescencia que permite identificar la inversión de más de 66 instituciones favoreciendo la toma de decisiones dirigidas a esta población.
Se inauguraron más de 400 parques infantiles para favorecer el deporte y la recreación y la salud mental y se regulariza la situación migratoria de miles de niños y niñas con la intervención de varias instituciones como el MEP, el PANI y la DGME.Personas con discapacidad. Bajo el liderazgo del segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, y con el acompañamiento técnico del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el gobierno desarrolló importantes acciones destinadas al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Fue así cómo se creó el Programa Escuelas Integrales de Iniciación Deportiva, con una inversión de ₡655 millones en 65 comunidades con 3.599 estudiantes, al tiempo que se invirtió en la construcción de infraestructura deportiva acorde con las necesidades específicas del sector.
Con el objetivo de lograr una educación inclusiva, 64 aulas integradas fueron transformadas en servicios de apoyo para estudiantes con discapacidad y 851 personas con discapacidad matriculadas en centros educativos especiales se trasladaron hacia centros educativos regulares. Adicionalmente, ₡1.636 millones fueron invertidos en 195 centros educativos.
Mediante la aplicación de la Ley 8862, se logró incrementar un 80% las contrataciones de personas con discapacidad en instituciones de gobierno en el periodo 2018-2022.
En el 2018, el gobierno de Costa Rica emitió la Directriz No. 017 para el sector público iniciando así el “Proceso de construcción participativa e intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024”.
Posteriormente, de acuerdo con el Decreto No. 40993-MP, se formuló el borrador que fue presentado a los pueblos indígenas en marzo de 2021 la Política Nacional para los Pueblos Indígenas, la cual aspira a orientar las acciones estatales hacia el efectivo cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
Los esfuerzos por integrar a poblaciones tradicionalmente marginadas, como es el caso de los indígenas, se concretaron en leyes como la 9710 “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”, reglamentada mediante decreto ejecutivo 42814 de enero de 2021.
Gracias a esta legislación y su reglamento, la población ngobe-buglé ha iniciado la regularización de su estatus en el país, al obtener un acceso pleno al derecho a la nacionalidad costarricense y ofrecerles opciones de naturalización, permitiendo que se emitiera la primera cédula en el 2022 gracias a este mecanismo.
Otras medidas en este campo son la declaración en 2020 de interés público del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, y el trabajo realizado por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en los territorios indígenas, que se resume en 4.983 documentos analizados, 208 mojones construidos, 7.777 censos realizados, 1.638 propiedades medidas y 310 expedientes conformados.
Asimismo, se dio la oficialización y declaratoria de interés público de la base de datos Broran (territorio indígena Térraba) en 2019 y se conformó la primera Federación Deportiva y Recreativa de los Pueblos Indígenas, en 2020.
Durante la administración Alvarado Quesada, el país continuó en el esfuerzo por garantizar la plena participación y la integración en la vida social, económica, política y cultural de la población afrodescendiente, ejemplo del carácter pluricultural y multiétnico de la nación.
La primera vicepresidencia de la República, Epsy Campbell, en coordinación con el Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, Enrique Joseph, ejecutaron múltiples acciones con el fin de visibilizar, promocionar y proteger los derechos humanos y la cultura de las personas afrodescendientes.
Entre estas acciones destacan la Ley No.10001 “Acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes”, firmada en agosto de 2021, la cual establece una serie de disposiciones que buscan promover la igualdad, la justicia y el reconocimiento a la población afrodescendiente en Costa Rica.
Asimismo, destacan la emisión de recomendaciones para la prevención del COVID-19 en población afrodescendiente, la campaña deportiva “Respeto, No al Racismo”, la declaración de interés público de la población afrocostarricense y el impulso ante las Naciones Unidas de la celebración del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y la creación del Foro Permanente de Personas Afrodescendientes.
Numerosas acciones se enmarcan en la reconocida tradición de Costa Rica como país de refugio y acogida, y confirman la oposición del país a cualquier tipo de xenofobia. Así, por ejemplo, se firma el decreto ejecutivo Nº43393, en enero de 2022, mediante el cual se formaliza el Marco Integral Nacional de Respuesta a las Personas Refugiadas (MINARE) como la plataforma nacional de discusión y coordinación de acciones para temas relacionados con refugio en Costa Rica.
Destaca también el convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asumido económicamente por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que amplía el seguro médico del que ya gozaban 6.000 solicitantes de refugio y refugiados más vulnerables desde 2020, y alcanzó a 4.000 personas más durante el 2021.
Paralelamente, la CCSS inmunizó a personas migrantes regulares y en condición de irregularidad, así como solicitantes de refugio.
En el 2021, con el apoyo del Segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, se consiguió el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas con el cual fue posible la presentación borrador de la nueva Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y su plan de acción 2022-2032 , a partir de un amplio proceso de consulta a las personas adultas mayores y a las organizaciones relacionadas con ellas, así como de los talleres realizados con representantes de las instituciones, entre otras.
Arrancó el funcionamiento de la Línea Dorada. En el 2021 se hizo un análisis de resultados de ese plan piloto y se inició con el proceso para poner en operación ya de manera permanente la LÍNEA DORADA de CONAPAM. Esta Línea empezó a operar el 7 de abril de 2022, el número es 800 CONAPAM (800 266 2726) y opera las 24 horas al día durante toda la semana.
Se instalaron un total de 30 Establecimientos de Personas Adultas Mayores con Centro Comunitario Inteligente y conectividad en funcionamiento (CECI), entre los 30 establecimientos se tiene: Hogares de Larga Estancia, Centros Diurnos y Asociaciones de Pensionados. Durante los años 2020, 2021 y 2022 los CECI se han mantenido cerrados por la pandemia. Se están retomando para este año 2022, esto debido a que los CECI se encuentran en establecimientos con población de alto riesgo.
En relación con la cobertura del Régimen no contributivo de la CCSS, dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión P 2019ública 2022, se ha producido una cobertura del 100% según lo programado, y en dos periodos inclusive la meta ha sido sobrepasada reflejando un aumento en la demanda de dicho beneficio. Como un ejemplo de lo anterior, para el año 2020 el cumplimiento de las pensiones nuevas fue de 73.06%, pero considerando que en el periodo 2019 se otorgaron 1.338 pensiones nuevas adicionales, el resultado sería de 4 992 nuevos beneficios, es decir, un cumplimiento de aprox. 99.84%. Por su parte, para el 2021 se contó con 134 656 personas cubiertas por este régimen, superando lo programado y establecido en el Plan Nacional de Desarrollo .
Como respuesta las medidas de restricción del gasto para enfrentar los efectos de la pandemia, se consideraron los recursos remanentes de periodos anteriores, más recursos extraordinarios aprobados por la Contraloría General de la República durante este periodo como respuesta a constantes esfuerzos y coordinaciones que el Programa ha mantenido con entes superiores, se ha logrado cubrir los gastos para el total de pensiones nuevas otorgadas y para el total acumulado de beneficiarios y por ende cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. Cabe mencionar, que al 31 de marzo 2022 se han otorgado 16 237 pensiones superando ya la meta del Plan Nacional de Desarrollo anterior, y quedó presupuestado y asignado el requerimiento presupuestario para cumplir con la meta final.
Gracias a una fuerte inversión en construcción y mejoras de la infraestructura carcelaria, se logró superar el hacinamiento del 43% que se arrastraba desde 2018 y que se redujo en marzo de 2022 al 5,8% de sobrepoblación en estos recintos, respondiendo a recomendaciones de organismos internacionales.
Con la construcción de más de 2.200 nuevos sitios en el sistema penitenciario y la inversión de ¢22.879 millones en infraestructura y en mejoramiento de las instalaciones se rehabilitaron espacios y construyeron módulos y un nuevo centro penitenciario (CAI Terrazas, en el Complejo Occidente).
A estos esfuerzos por humanizar el espacio penitenciario, se agrega la próxima apertura de dos nuevos centros de Regionalización de la Mujer y queda prevista la construcción de 600 espacios más.
Las mejoras en la infraestructura respetan los estándares de diseño y construcción para los nuevos penales que se edifiquen en el país y obedecen al empeño en respetar los derechos humanos y la dignidad de la población privada de libertad.
FOTOGRAFIAS POR Roberto Carlos Sanchez Carmona, Julieth Mendez, Édgar Muñoz. PRODUCCION AUDIOVISUAL: Henry Oviedo, Ricardo Prado, Natalie Montoya, Jorge Umaña, Alonso Achio.
ASESORIA EDITORIAL Boris Ramírez. GESTIÓN Administración Alvarado Quesada DESARROLLO WEB Humana Comunicación.
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